Miércoles 21 Octubre 2020

Diálogamos con la Directora de Orientación y Asistencia Legal DDHH, Dra. Carolina Zabala, respecto de los debates que surgen en relación a las cárceles y a las Personas Privadas de la libertad en este contexto de Pandemia por el brote de COVID-19, vemos en los últimos días mucha información inexacta y mucha opinión totalmente contraria a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país y contrarias también a nuestro propio sistema e historia constitucional, amén de los oportunismos políticos que buscan redituarse de debates saldados en el marco de la progresividad de los derechos humanos en un Estado Democrático.

El Poder Ejecutivo Nacional declaró mediante Decreto PEN N°260/20201 la emergencia en materia sanitaria, disponiendo una serie de medidas para frenar la circulación del virus y prevenir sus efectos más nocivos. Pero la vida en la cárcel es por su propia dinámica contraria a los protocolos de aislamiento que requiere el virus, y por eso la tendencia es a reducir la cantidad de internos en cada unidad.
A su vez esto tiene correlato en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura conforme ley 26.827 que elaboró lineamientos generales para la adopción de medidas en los lugares de detención, a raíz del Coronavirus.
También, en relación a este tema la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, emitió un comunicado en que resaltó que las respuestas sanitarias deben basarse íntegramente en el respeto a los derechos humanos. Tomando en cuenta la posible repercusión negativa de tales medidas, destacó que “los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas de esa índole orientadas a combatir la expansión del COVID-19 deben aplicarse siempre en la más estricta observación de las normas de derechos humanos y de manera proporcional y ponderada al riesgo en que se incurre” y pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya expresó que el Estado se encuentra en una posición especial de garante en relación con las personas privadas de su libertad, toda vez que las autoridades ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia quienes se encuentran imposibilitadas de satisfacer por cuenta propia necesidades básicas fundamentales, tales como el derecho a la salud.
A su vez, en las “Reglas Mandela” se destaca que “La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica”
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura detalló ya que es fundamental que las autoridades de los centros de detención, las defensorías públicas y los defensores y defensoras particulares, identifiquen a aquellas personas privadas de la libertad que se encuentran dentro de los grupos de riesgo, así como aquellas que se encuentran en condiciones de obtener la libertad condicional o próximas a cumplir con la pena, a las que tengan una pena breve, a las mujeres embarazadas, a las mujeres detenidas con hijos menores en las unidades o con hijos menores de edad fuera de la unidad, a las personas con afecciones de salud preexistentes o mayores de 65 años, a fin de que puedan tramitarse a la mayor brevedad posible los incidentes de prisión domiciliaria o libertad correspondientes.
Y en este sentido, el Comité insiste en realizar un llamado a los Señores Jueces y Fiscales a tener presente la especial situación por la que atraviesa el país y el mundo, así como la imposibilidad del Estado de garantizar la integridad física de muchas de las personas privadas de la libertad, antes de dictaminar en forma negativa o resolver rechazando lo peticionado.
Vemos que lejos desde lo que intentan imponer como verdad algunos sectores, haciendo una mescolanza entre ser- y deber ser, lo cierto es que somos un Estado Democrático con compromisos internacionales asumidos, y que tenemos garantías constitucionales y procedimientos para procesar y condenar. Y que la decisión de reducir la población carcelaria se hace en el marco de la crisis sanitaria y bajo lo establecido por nuestro bloque constitucional. Así también en este contexto se han tomado medidas para las personas recluidas en otras instalaciones cerradas, las que no han tenido discusión, por obvias razones.
Este momento debería invitar a quienes opinen de este tema a ser serios, a informarse, a conocer los instrumentos legales y la propia ley, así como los mecanismos para modificarla, ya que una persona que comete un delito, tiene establecida una pena, y debe ser juzgada con todas las garantías constitucionales, las penas pueden ser la prisión, reclusión, la multa o la inhabilitación; no son penas el hacinamiento, la tortura, la enfermedad o la muerte, desterradas de nuestro sistema legal.

Redacción Notidiario24

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